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Redacción. Santander
El Parlamento de Cantabria ha desechado una propuesta del PRC para exigir al Ejecutivo que presente recurso de inconstitucionalidad contra los decretos del Estado para ahorrar 10.000 millones de euros en educación y sanidad y que, para regionalistas y socialistas, suponen un “expolio” a los derechos ciudadanos y “vulneran” la competencia de las comunidades. Sin embargo, para el PP son “medidas de ahorro” que “no gustan” pero que se deben de tomar porque “no hay otro remedio”.
Íñigo Fernández, diputado del PP.
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La iniciativa del PRC no ha salido adelante por el voto en contra del PP, que ha defendido que las medidas que incluyen estos recursos “no son recortes”, sino que “garantizan el futuro” de una sanidad y educación pública universal y gratuita. Así lo ha asegurado el diputado del PP Íñigo Fernández, quien ha atribuido la necesidad de estas medidas al endeudamiento que se generó en Cantabria por la gestión de socialistas y regionalistas y en España, durante el gobierno del PSOE.
El portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, ha defendido que “hay otras alternativas”. En este sentido, ha señalado que los 10.000 millones que quiere “recortar” en educación y sanidad se podrían conseguir si el Estado, en lugar de realizar una amnistía fiscal, optase por dedicar más medidos a la inspección fiscal que permitiera que, al menos, el 20 por ciento del fraude oculto saliera a la luz y pagara el tipo que debe al Impuesto sobre la Renta.
Por su parte, el PSOE ha apoyado la iniciativa de los regionalistas al considerar estos decretos “injustos”, “arbitrarios”, “contrarios al ordenamiento constitucional” y tomados sin una negociación previa con las comunidades autónomas que, según ha dicho, supondrán que la sanidad de Cantabria tenga 26,7 millones menos y 36,2 la educación.
En el Pleno también se ha rechazado con el voto del PP una moción del PSOE en favor de la aplicación y despliegue de la Ley de Dependencia. Los socialistas han advertido que el PP quiere “flexibilizar” la aplicación de la Ley de Dependencia porque lo ven un “gasto” y no una “inversión social” con lo que, a su juicio, “siempre van a encontrar motivo para recortar”. La diputada socialista y exconsejera de Bienestar Social, Dolores Gorostiaga, ha acusado al Gobierno de reducir “sustancialmente” los reconocimientos a los dependientes con grados más severos, con un “endurecimiento” del baremo de valoración lo que permite un “desplazamiento” de éstos a otros grados menos severos que, según ha dicho, no van a entrar en vigor “hasta 2014 o 2015”, además de ofrecerles menos prestaciones al reducir, por ejemplo, las plazas en residencia públicas.
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